El 1 de marzo entró en vigencia la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal aplicable a personas jurídicas privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Se establece un régimen penal específico por la comisión de los delitos tipificados en la presente ley fijando penas altamente gravosas.

Objeto:

Los delitos de:

a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;

b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal;

c) Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal;

d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;

e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Responsabilidad de las personas jurídicas:

Las personas jurídicas son responsables por los delitos enunciados anteriormente que hubieran realizado directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.

Esta responsabilidad alcanza también a terceros (personas humanas) que careciendo de atribuciones para obrar en representación de la persona jurídica, igual hubiere actuado en beneficio o interés de ella y esta hubiese ratificado la gestión aunque sea en forma tácita.

La responsabilidad penal subsiste y se transmite aun cuando la persona jurídica encare un proceso de reorganización societaria (transformación, fusión, escisión, etc.).

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella.

Prescripción de la acción:

La acción penal respecto de la persona jurídica prescribe a los 6 años de la comisión del delito.

Penas aplicables a la persona jurídica:

1) Multa de 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;

2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años;

3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años;

4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;

5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere;

6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Exención de la pena y responsabilidad administrativa

Cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

a) Espontáneamente se haya denunciado el delito como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna

b) Hubiera implementado un sistema de control adecuado (ver programa de integridad)

c) Hubiere devuelto el beneficio obtenido.

Programa de integridad (art. 22 y 23):

Las personas jurídicas podrán implementar programas de integridad que contengan  el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.

El Programa de Integridad deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

De esta forma, el Programa de Integridad deberá contener, al menos los siguientes elementos:

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.

Contrataciones con el Estado nacional

La existencia de un Programa de Integridad adecuado será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos definidos por la ley.

Código Penal:

Se sustituyen, modifican e incorporan artículos al Código Penal a fin de adecuar los delitos y penas a esta ley, siendo que la misma resulta  complementaria del Código Penal.