Tax Memo

Nuevas reglas para importaciones y exportaciones trianguladas

Cecilia Goldemberg

La reforma tributaria, implementada a través de la Ley 27430, trae una novedad importante para quienes realicen importaciones o exportaciones en las que intervenga un intermediario internacional.

La reforma ha puesto en la mira este tipo de operaciones, las que considera potencial foco de evasión fiscal. Se trata de las importaciones y exportaciones en las que la contraparte comercial no sea, respectivamente, el exportador en origen o el importador en destino, siempre que se verifiquen las condiciones de vinculación económica que seguidamente exponemos. La nueva regla aplica sin diferenciar el tipo de mercadería involucrada[1].

Para atender a estos supuestos se han modificado las disposiciones correspondientes a precios de transferencia –el artículo 15 de la LIG- incorporando un nuevo test antiabuso [2]. El mismo consiste en demostrar que la remuneración que obtiene el Intermediario Internacional guarde relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la operación, (es decir que la remuneración sea de mercado o sea, arm´s length).

Esta obligación no aplica para todas las operaciones de comercio exterior trianguladas, sino que debe existir una relación vinculada entre las partes intervinientes (en los términos del artículo incorporado a continuación del artículo 15, es decir una vinculación por control accionario o de dirección o control funcional). Las condiciones son las siguientes:

  • Que el intermediario internacional se encuentre vinculado con el sujeto local, o
  • Que el exportador en origen o el importador en destino se encuentren vinculados con el sujeto local.

Para concretar la demostración que requiere la norma legal se deben considerar los dos elementos mencionados: a) la remuneración del intermediario y, b) las funciones, activos y riesgos que afronta en su actividad. Se trata de información que está en poder del intermediario pero la demostración queda a cargo del contribuyente local quien enfrentará, como primer desafío, la necesidad de contar con esa información, es decir cuál es la retribución o margen del intermediario y cuales las funciones que realiza, activos afectados y riesgos consecuentes, todo ello es información ajena a su dominio que el trader deber suministrarle y, además, poner a su disposición la documentación probatoria para que tenga la posibilidad de acreditar la fehaciencia del análisis[3].

Es evidente que este test implica desnudar la formación de valor de las dos etapas comerciales. Desde una óptica teórica, la perspectiva no podría ser más equilibrada, pero el tema es llevarlo a la práctica.

Los contribuyentes enfrentarán dificultades para cumplir con este recaudo legal, pues la idoneidad del test, dependerá fundamentalmente de la calidad de la información que el intermediario proporcione.

Un aspecto a tener presente es que la misma ley reconoce que las funciones, activos y riesgos de un intermediario en la comercialización de bienes pueden no  quedar reducidas a las que serían propias de una actividad de distribución típica, en la que esa parte adquiere las mercaderías y asume las funciones  de marketing, venta, facturación y cobranza con los consiguientes riesgos de mercado, producto e incobrables, sino que puede tener características propias que requieran una consideración específica, fuera de los estándares que una función de intermediación en abstracto pueda suponer, desde la realización de funciones relacionadas con intangibles asociados al producto, como investigación y desarrollo o aporte de marcas, hasta cuestiones vinculadas con los mercados geográficos y aspectos financieros que corresponde evaluar para la comparación.

No resulta claro si este test que validará la remuneración del intermediario será suficiente para validar, a su vez, el precio pactado en la compra o, en su caso, en la venta de la empresa local, el que está sujeto a las disposiciones de precios de transferencia cuando medie vinculación económica que entre dicha empresa y el intermediario. Consideramos que la realización del test debería ser suficiente a ambos fines.

Sin embargo, ante el silencio de la ley, una posible interpretación es que correspondería  realizar un segundo  análisis de precios de transferencia, lo cual podría llevar a respuestas contradictorias, por ejemplo, que a resultas de aplicar el método seleccionado como más apropiado para el contribuyente, el margen de rentabilidad fuere menor al quartil inferior del rango de márgenes comparables[4], pero el test sobre el intermediario arroje como resultado que su remuneración es acorde con la remuneración de mercado.

Cabe ahora formular la pregunta opuesta: que sucedería si el análisis en el sujeto local diera un resultado de mercado pero la remuneración del intermediario no pasara el test requerido por la ley?. El excedente de remuneración, debería considerarse mayor ganancia de la empresa local?.  Es probable que así corresponda, dado que el test sobre el intermediario responde a una presunción de maniobra elusiva.

Esperemos que la reglamentación aclare alguna de las dudas expuestas.

Cabe también preguntarse cuál sería la posible consecuencia para el caso que el contribuyente local no aporte la comprobación requerida por la ley, sin perjuicio de cumplir con las restantes obligaciones que le conciernen frente al régimen de precios de transferencia. La ley no contiene una previsión[5], de modo que quedará en manos de la AFIP sustituir en la comprobación al contribuyente, siempre que, obviamente obtenga los datos necesarios. La AFIP tiene posibilidad de acceder a la información sobre el valor de entrada o salida de los bienes procedente de los intercambios informativos aduaneros, por ejemplo a través del sistema electrónico de intercambio recíproco de información aduanera dentro del Mercosur (INDIRA) o de los acuerdos suscriptos con determinados países, pero su implementación debe responder al interés de cumplimiento de la normativa aduanera. No sería jurídicamente válido requerir la colaboración de otras aduanas para un control de naturaleza impositiva.

Por su parte, para las exportaciones de commodities a través de intermediarios internacionales se han dispuesto reglas específicas en sustitución del “sexto método”.

Para estas operaciones, cuando se cumpla que el intermediario o el importador es vinculado del sujeto local o el intermediario se encuentre ubicado en una JBNT[6] o NC[7] se deberá realizar el registro de los contratos celebrados de dichas operaciones ante la AFIP; y en el mismo se deberá detallar las características relevantes de los contratos, y de corresponder, las diferencias de comparabilidad que generen diferencias con la cotización en el mercado para la fecha de entrega de los bienes, elementos a considerar para la formación de las primas y/o los descuentos pactados.

Es importante mencionar que estas operaciones, siempre que se cumpla con el deber formal de registro de los contratos, quedarán sometidas al control de precios de transferencia por aplicación del método más apropiado como cualquier otra operación de exportación.

Quedamos a la espera de las novedades que pueda traer la reglamentación para analizar en mayor detalle, este cambio.

Las modificaciones comentadas serán efectivas para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 01.01.18.


[1] Sin embargo, para el caso de exportaciones de commodities (bienes con cotización internacional conocida) con intervención de un intermediario internacional, la reforma incorpora reglas específicas en reemplazo del sexto método.

[2] Es el sexto párrafo en la versión post reforma.

[3] La reglamentación establecerá la información que deberán suministrar los contribuyentes respecto a las operaciones descriptas.

[4] O, en caso de comparar pecios, en lugar de márgenes, que el precio de la exportación fuere menor al primer cuartil o el precio de la importación, mayor al tercer quartil.

[5] La primera versión del proyecto de ley contenía una previsión que no fue receptada en el proyecto.

[6] Jurisdicción de baja o nula tributación.

[7] Jurisdicción no cooperante a los fines de la transparencia fiscal.