La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de las “alícuotas diferenciales”

Esta normativa provincial las establece en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en virtud del lugar de radicación del establecimiento industrial

El 31/10/2017 la Corte emitió sentencia en las causas “Bayer S.A.”(1) y Harriet y Donelly S.A.”(2). Se trata de los primeros antecedentes que tratan el asunto de fondo sobre las “alícuotas diferenciales” establecidas en la normativa local de distintas provincias, mediante las que se aplica en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos un tratamiento más gravoso a aquellos contribuyentes que posean su establecimiento fuera de su jurisdicción.

En estos novedosos pronunciamientos, la Corte puso en examen las potestades tributarias que poseen las Provincias frente al límite que representa la vulneración de los principios consagrados en la Constitución Nacional, en especial: el de igualdad (art. 16) -el establecimiento de categorías y/o clasificaciones debe ser estrictamente compatible con este principio correspondiendo a distinciones reales- y razonabilidad –que las normas mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, no pudiendo ser contradictorias a estas últimas-.

Mediante remisión a ya sólida doctrina de ese Tribunal, la Corte recordó que “el distinto domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo…” a los que añadió que “…la norma no puede constreñir en definitiva al afectado, a radicarse en el territorio provincial para ejercer la función para la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. La conclusión contraria llevaría a lesionar seriamente su libertad de elección para establecer la sede de sus negocios, y la igualdad frente a las cargas públicas con relación a aquellas entidades igualmente libres, habilitadas y con idéntica actividad decidieron instalarse en la Provincia de Buenos Aires.”  En función de lo expuesto, la Corte concluyó en que en estos casos no se advierte razón suficiente para que la actora tribute de un modo más gravoso que las empresas radicadas en el territorio provincial, por no ser una pauta razonable que autorice a la Provincia a fijar alícuotas diferenciales a los efectos impositivos.

Por su parte, la Corte también señaló que estas normativas provinciales vulneran la “Cláusula de Comercio” (artículo 75, inciso 13 y 126 de la CN) por generar una suerte de barrera aduanera, o de medidas proteccionistas, que alteran el concepto orgánico de comercio previsto en la Constitución Nacional.

En definitiva, el Alto Tribunal impuso un claro límite a las provincias, al señalar que en estos casos  claramente se excede la potestad tributaria de las provincias involucradas y se afecta al comercio interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso de la Nación: la legislación provincial impugnada lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, art. 16) y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, arts. 75, inc. 13 y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución (Constitución Nacional, arts. 9º a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal”.

(1)Bayer S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Acción declarativa de certeza. CSJ 505/2012 (48-B) /CSI.

(2)Harriet y Donelly S.A. c/ Provincia del Chaco s/ Acción declarativa de certeza. CSJ 114/2014 (50-H)/CSI. En este antecedente la CSJN hace remisión a los fundamentos expuestos en “Bayer”.

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2017-11-02T15:37:33+00:002 noviembre, 2017|